Por: Guillermo Polo Carbonell

Colombia atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de seguridad y justicia desde la implementación del sistema penal acusatorio. Que quede claro: la situación que enfrenta Barranquilla no es un fenómeno aislado ni circunstancial: es la manifestación local de una crisis estructural nacional que se ha venido incubando durante más de dos décadas y que hoy amenaza la estabilidad institucional, la confianza ciudadana y la legitimidad misma del Estado.

Esta reflexión no desconoce la necesidad histórica de construir la paz ni la importancia de reducir las profundas desigualdades que caracterizan a nuestra sociedad. Por el contrario, parte de reconocer que el Estado debe ser un actor activo en la garantía de derechos y en la construcción de condiciones materiales que permitan la movilidad social.

Sin embargo, la paz no puede construirse sobre instituciones debilitadas. Tampoco puede sostenerse en un sistema de justicia incapaz de investigar, juzgar y sancionar eficazmente a quienes ejercen la violencia como forma de poder económico y territorial.
Ese es, precisamente, el punto crítico que hoy enfrenta Colombia.

Barranquilla: epicentro de una crisis que desborda lo local

La grave situación de seguridad en Barranquilla es el resultado directo de la consolidación de estructuras criminales complejas, muchas de ellas con conexiones transnacionales, vinculadas al narcotráfico, la extorsión, el lavado de activos, la trata de personas y otras economías ilegales.

Estas organizaciones no son estructuras delincuenciales convencionales. Son verdaderas empresas criminales con capacidad operativa, logística y financiera suficiente para desafiar la autoridad del Estado y afectar la estabilidad de regiones enteras.

Pretender que una administración territorial, por eficiente que sea, pueda enfrentar por sí sola estas estructuras, ignora la naturaleza del fenómeno y evade la responsabilidad del Estado colombiano en su conjunto.

El crimen organizado no es un problema municipal. Es un problema nacional.

El verdadero problema: el colapso del sistema de justicia

El principal aliado del crimen organizado en Colombia no es la pobreza ni la innegable desigualdad social. Es la impunidad. Y la impunidad no es una percepción. Es una realidad objetiva, medible y profundamente alarmante.


Los datos son concluyentes:

– El 86% de las noticias criminales son archivadas sin resultados efectivos.

– La demanda de justicia creció un 107% entre 2019 y 2024.


– El 70% de los procesos permanece sin resolverse, acumulando cientos de miles de casos en inventario.

– La capacidad de evacuación del sistema cayó del 17% en 2019 al 5% en 2024.

– Barranquilla cuenta con apenas 2,37 jueces penales por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más bajas del país.

– La tasa de fiscales es de 5,5 por cada 100.000 habitantes.

– Cada fiscal enfrenta una carga promedio de 2.746 casos, pero solo logra tramitar exitosamente una fracción mínima de ellos.

– La reincidencia criminal alcanza niveles entre el 70% y el 80%.

– El 46% de las audiencias programadas no se realizan, facilitando libertades por vencimiento de términos.
 
Estas cifras muestran un sistema que no está funcionando. Un sistema que no investiga oportunamente. Un sistema que no juzga con eficacia. Un sistema que no sanciona con oportunidad. En consecuencia, un sistema que no disuade el delito.

Colombia ha vivido durante años las consecuencias de estructuras criminales que continúan operando desde prisión, coordinando extorsiones, homicidios y redes de narcotráfico. Desconocer esta realidad sería omitir una de las principales debilidades del sistema de seguridad nacional.

El mensaje implícito que reciben las estructuras criminales es devastador: el riesgo de sanción es bajo. Ese es el verdadero combustible de la criminalidad en Colombia.

Una crisis anunciada durante dos décadas 

El sistema penal acusatorio adoptado por Colombia hace más de quince años fue diseñado bajo estándares modernos, rigurosos y exigentes. Sin embargo, el Estado nunca asignó los recursos necesarios para su implementación efectiva. Se creó un sistema sofisticado, pero se le negó el soporte institucional indispensable para su funcionamiento.

El resultado es un sistema colapsado. Insuficiencia de fiscales. Insuficiencia de jueces. Insuficiencia de infraestructura. Insuficiencia tecnológica. Insuficiencia operativa. Este colapso no ocurrió de manera repentina. Es el resultado de años de abandono institucional y falta de voluntad política para fortalecer la justicia. Mientras el sistema se debilitaba, las estructuras criminales se fortalecieron, se adaptaron y ampliaron su capacidad de operación. Hoy, Colombia enfrenta las consecuencias de esa omisión histórica.

La seguridad es, ante todo, un problema de Estado

La seguridad no depende exclusivamente de la capacidad operativa de la Policía o de las Fuerzas Militares. Depende, en última instancia, de la capacidad del Estado de investigar, juzgar y sancionar eficazmente el delito. Sin justicia, no hay seguridad.

Sin sanción, no hay disuasión. Sin disuasión, el crimen se expande.

Las inversiones realizadas por las autoridades territoriales del Atlántico en infraestructura, tecnología y fortalecimiento institucional han sido significativas y responden a un compromiso claro con la seguridad ciudadana. Sin embargo, ninguna entidad territorial puede compensar las debilidades estructurales de un sistema de justicia cuya responsabilidad recae fundamentalmente en el Estado central.

La política criminal no puede seguir siendo fragmentada, reactiva y desarticulada. Debe ser coherente, estructural y coordinada.

El mayor riesgo: la desarticulación institucional

Ningún riesgo puede ser mayor que la desarticulación institucional entre las entidades que conforman el poder público nacional y las autoridades territoriales. 

Cuando el Estado actúa de manera fragmentada, el crimen se fortalece. Cuando las instituciones no actúan de manera coordinada, las estructuras criminales avanzan.
Cuando el debate se transforma en confrontación, la seguridad ciudadana se debilita. El crimen organizado prospera en escenarios de desarticulación institucional. La seguridad requiere unidad. Requiere coordinación. Requiere una estrategia nacional coherente.

Conclusión: sin articulación institucional, no habrá solución efectiva

Lo que enfrentamos es una crisis estructural de seguridad cuya raíz principal es la debilidad de su sistema de justicia.

Barranquilla es hoy uno de los escenarios más visibles de esa crisis, pero también puede convertirse en el punto de partida de una solución nacional.

La solución no está en atribuir responsabilidades de manera aislada ni en profundizar las diferencias institucionales. Está en construir una respuesta coordinada, basada en el diálogo, la articulación institucional y el reconocimiento de las capacidades y fortalezas tanto del Gobierno nacional como de las autoridades territoriales.

Mientras la Nación y las entidades territoriales no se articulen mediante el diálogo y el reconocimiento mutuo de sus responsabilidades y fortalezas, la solución a la inseguridad y al clima de tensión social seguirá siendo extremadamente difícil, especialmente en un contexto de polarización, opiniones divididas y una justicia debilitada.

La seguridad no puede ser rehén de las diferencias políticas. Debe ser el resultado de la acción coordinada del Estado. Colombia no necesita más confrontación institucional. Necesita liderazgo, coordinación y decisiones estructurales. El país aún está a tiempo de corregir el rumbo, y en ese contexto Barranquilla puede consolidar la recuperación de la seguridad ciudadana, convirtiéndose de paso en experiencia piloto de una solución nacional.